Consiste en actuar como contraparte técnica en procesos de seguimiento y fiscalización por parte de la autoridad ambiental, con el fin de aportar los antecedentes técnico-jurídicos para delimitar, con la mayor exactitud y precisión, el alcance de la responsabilidad de la empresa, identificar los aspectos que no tengan un verificador claro y los instrumentos de gestión ambiental a los que puede acogerse la empresa para evitar un proceso sancionatorio.